El nuevo decreto legislativo regula la protección de los denunciantes de irregularidades, que denuncien infracciones de disposiciones de Derecho nacional o de la UE que comprometan el interés público o la integridad de la Administración pública o de entidades privadas en un caso de denuncia de irregularidades. La ley tiene por objeto proporcionar una protección adecuada contra las represalias a las personas que denuncien infracciones o incumplimientos de la normativa europea y española por parte de las empresas, y promover una cultura de la información o la comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.

La Ley 2/2023 entró en vigor el 13 de marzo de 2023, pero da un plazo de 3 meses para que las organizaciones de 250 o más empleados la cumplan, y hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas de entre 50 y 250 empleados (las empresas de menos de 50 empleados no están dentro del ámbito de aplicación de las medidas de la ley, salvo que pertenezcan al ámbito de los servicios financieros).

Durante la sesión compartiremos:

• Los principales requisitos de la Directiva EU de whistleblowing
• Cómo garantizar el anonimato del denunciante
• Cómo garantizar y demostrar la asistencia al denunciante
• Cómo automatizar rutas y tareas
• Cómo hacer que su programa de ética sea más eficiente y exitoso